Los principales recortes al gasto público para el ejercicio 2019

Nicolás Dujovne. El ministro de Economía negoció con el FMI. (AP)

La cifra global predeterminada fue primero de 300 mil millones de pesos, para luego incrementarse en $ 100 mil millones más a fin de compensar la notoria aceleración del proceso inflacionario en el presente ejercicio.

Según las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), están previstas reducciones tanto en el gasto público federal como en el provincial, aunque con diversa intensidad.

La cifra global predeterminada fue primero de 300 mil millones de pesos, para luego incrementarse en $ 100 mil millones más a fin de compensar la notoria aceleración del proceso inflacionario en el presente ejercicio.

La meta impuesta en el acuerdo original permitía mantener un déficit equivalente a 1,3% del producto interno bruto (PIB). Pero a fines de agosto pasado se decidió eliminar totalmente el desequilibrio. En el conjunto de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el déficit sólo asciende a 0,4% del PIB y, pese a que se han resistido de forma tenaz a bajar las erogaciones, las exigencias del organismo no hacen excepciones.

En consecuencia, sobre la base de los datos originales, la Nación asumió dos tercios del ajuste más los $ 100 mil millones antes referidos, y las 24 jurisdicciones en conjunto deberán hacer lo propio con el tercio restante de la primera cifra.

El problema no es tan sencillo. Los recortes en la jurisdicción federal afectarán, en cierta proporción, a las provincias, en especial en los programas de inversiones que están en curso o previstos para ejecutar. El acuerdo de stand by suscripto con el FMI ordena que se convenga con las autoridades locales y con la oposición, identificando las respectivas obligaciones, pues harán rigurosas inspecciones.

Al margen de dicho préstamo, dispusieron que sea girado en cuotas al verificarse el cumplimiento de lo pactado para cada caso, y se logró uno adicional de 5.000 millones de dólares por parte de otros organismos internacionales, lo que en el Gobierno han interpretado como una palmaria prueba de apoyo, pues sin la conformidad de Estados Unidos ello no hubiera sido posible.

El ajuste concertado será puesto en marcha tanto en los diversos ministerios como en los principales organismos descentralizados (Senasa, Anses, Inta, Inti y Pami), que ya venían haciendo recortes por 20 mil millones de dólares. Además, 11 ministerios han pasado a ser sólo secretarías.

Gestiones y desencuentros

Luego, esto se extenderá a las provincias. Para cada una de ellas se propone adecuarse a su respectiva situación, combinando erogaciones locales con menores transferencias del Gobierno federal.

En cuanto a ello, advierten que serán inflexibles, pues no son pocos los gobernadores que sostienen que no les corresponde hacerlo, debido a que no tienen déficit alguno.

Los funcionarios federales procuran tranquilizarlos advirtiendo que los cortes indefectiblemente deben hacerse, “menos en el gasto social, que estará al margen del régimen”.

“La agenda de recortes no está prefijada. La preocupación principal es por sostener el ritmo de crecimiento”, dicen.

En tal sentido, parece primar cierto grado de elasticidad, pues anticipan que se avendrán a convenir sobre la política de “desarrollo económico regional, impulso al empleo privado y todo aquello que no implique alejarse de la meta prefijada”.

En la Casa Rosada, se viene señalando que existen lo que denominan “gastos duplicados”, que deben eliminarse, y también gastos de inversión, que deben incluir disminuciones incluso en las partidas para construcción de viviendas, hospitales y escuelas.

Insisten en alcanzar “un nuevo consenso que prevea responsabilidades para cada nivel de gobierno y jurisdicciones”, aunque se descarta que se puedan introducir cambios en el texto del Pacto Fiscal o en la Ley de Responsabilidad aprobada a fines de 2017.

El director del Departamento del FMI señaló: “Esperamos que los elementos de política que están incluidos en el programa se logren por consenso, dado que los argumentos de las autoridades argentinas fueron convincentes en que el programa tiene un nivel de viabilidad, en términos de implementación alta”.

Respecto de la cifra de 59 mil millones de dólares, explicó que “implican un resguardo adicional” ante una emergencia en la cual la Argentina requiera más fondos por un empeoramiento en las condiciones externas o debido a otra eventual sequía.

Además, advirtió: “La economía argentina de hoy es muy diferente, pues está en el camino correcto. Lo que sucedió en los primeros meses de este año fue por el cambio operado en las condiciones externas y se supone que no se reiterará en el próximo año”.

Ello no es compartido por los más respetados especialistas privados, que adjudican la mayor responsabilidad al propio Gobierno central.

* Profesor de posgrado en Ciencias Económicas (UNC)

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El texto original de este artículo fue publicado el 14/09/2018 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición pdf para leerlo igual que en el papel.
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